La Justicia Federal de Córdoba falló a favor de la familia de Melín Sartori, una joven de 24 años que murió en 2021, 14 días después de recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V, y determinó que su fallecimiento estuvo directamente relacionado con la aplicación, por lo que el Ministerio de Salud de la Nación deberá pagar una indemnización de $95 millones si la sentencia queda firme.
El caso fue resuelto por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por los jueces Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Avalos.
La demanda fue impulsada por María Virginia Ruiz, madre de la joven, quien desde el inicio sostuvo que la vacuna le había provocado a su hija distintas dolencias y afecciones que terminaron con su muerte.
Según el expediente, Melín recibió la primera dosis de Sputnik V el 15 de julio de 2021. Seis días después comenzó con dolor de cabeza y vómitos, síntomas que derivaron en una internación.
Con el correr de los días, el cuadro se agravó y evolucionó hacia una trombosis con trombocitopenia, una complicación que le provocó un deterioro neurológico irreversible.
Finalmente, la joven falleció 14 días después de haberse vacunado.
Tras la muerte de su hija, Ruiz inició una causa judicial. Según explicó su abogado, Martín Barbará, el objetivo no era solo obtener una reparación económica, sino también darle visibilidad al caso.
La madre de Melín, que es médica, denunció desde el primer momento lo ocurrido por temor a que la dosis aplicada perteneciera a un lote contaminado. Sin embargo, la Justicia terminó convalidando la existencia de un efecto secundario grave y, en este caso, letal.
Uno de los puntos clave del fallo fue la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, conocida como CoNaSeVa. Ese organismo revisó el caso y, a partir del avance del consenso científico internacional, reconoció formalmente el nexo causal entre la vacuna y el daño sufrido por la joven.
El abogado de la familia sostuvo que la Sputnik V “no tenía farmacovigilancia”, en referencia a la falta de un monitoreo continuo para detectar, evaluar y prevenir posibles reacciones adversas.
“Fue un proceso novedoso, tocaba toda una cuestión que no estaba estandarizada”, explicó Barbará ante medios cordobeses.
También señaló que, cuando comenzó el reclamo, no existía un procedimiento claro para denunciar este tipo de situaciones, lo que provocó un trámite largo y con demoras.
Cinco años después, la familia obtuvo un fallo favorable que podría convertirse en un precedente de fuerte impacto judicial y sanitario.
De todos modos, la resolución está referida a un caso particular analizado por la Cámara Federal de Córdoba y todavía deberá quedar firme para que se concrete el pago de la indemnización.
