Abogados de la ONG Andhes, CLADEM y el colectivo Ni Una Menos Tucumán brindaron una conferencia de prensa en las escalinatas del edificio de los Tribunales Penales, donde aclararon cuál es la situación de José Gijena y Cecilia Ousset respecto a la denuncia de la Fiscal Adriana Giannoni por sus actuaciones en el caso “Lucía”, la niña que cursaba un embarazo de 23 semanas producto de una violación, a la cual se le practicó una microcesárea como parte del procedimiento de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
“Hasta el momento solamente hay una denuncia contra los médicos, no hay ningún tipo de imputación de un delito. Y en esa denuncia se omite el hecho de que los médicos recibieron instrucciones del Ministerio de Salud de la Provincia para realizar el procedimiento ILE, que está amparado por el código penal de la nación”, indicó Emilio Guagnini, abogado de Andhes en representación legal de los médicos.
Por otro lado, informó que desde la ONG se recusó a la fiscal Giannoni, a raíz de una denuncia que realizó en su contra la Diputada Nacional Teresita Villavicencio por presunta coacción hacia la niña de 11 años y su madre con el fin de que no se realice el aborto legal.
“Además, el viernes pasado también recusamos al doctor Facundo Maggio, el juez de instrucción que interviene en la causa, porque consideramos que tiene complicidad ideológica con la posición del Arzobispado de Tucumán, que desde un primer momento se pronunció en contra de la práctica ILE para el caso de Lucía”, remarcó Guagnini.
Por su parte, el abogado Pablo Gargiulo, aseguró que, si bien aún no se conocen los detalles de la denuncia, Andhes ya tiene diagramada una estrategia procesal en caso de que exista una imputación contra los médicos.
Por último, se refirió al testimonio desgarrador que la madre de la niña de 11 años, que se vio y escuchó anoche en el programa “Panorama Tucumano”, el ciclo semanal de noticias de La Gaceta Play. “Los dichos de la madre de “Lucía” tienen que tener una repercusión en esta causa. La mujer dijo claramente que la niña había solicitado la interrupción legal del embarazo y como sus reiterados pedidos fueron desoídos por las autoridades competentes. Nuestros defendidos tuvieron que intervenir para resolver esa situación desesperante que atravesaban “Lucía” y su madre, y no pueden ser imputados por un delito bajo ningún punto de vista”, fustigó.
También hizo referencia al rol que cumplió el doctor Gustavo Vigliocco, Secretario Ejecutivo del Ministerio de Salud de la Provincia, quien, de acuerdo al testimonio de la madre de “Lucía”, había tratado de convencer a la niña para que finalizara en tiempo y forma su embarazo. Además, relató la mujer, el funcionario le habría ofrecido a ella una casa y una beca para que la niña estudie medicina si decidían no interrumpir el embarazo. “La justicia debería citar a Vigliocco y a otras autoridades del Ministerio de Salud, aquí existe una situación irregular que puede constituir un delito penal. Nuestros defendidos solo cumplieron un deber jurídico, imputarles un delito sería una locura”, remató.
“El accionar de la fiscal Giannoni viene a generar un clima de ilegalidad, criminalidad y de impunidad, que sólo busca disciplinar a los profesionales de la salud, persiguiendo a los médicos que garantizaron la ILE a “Lucía”. Todo esto se enmarca en un Estado y una justicia misóginos, clasistas y selectivos”, aseguró por su lado Fernanda Rotondo, integrante de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
