En pleno año electoral, legisladores opositores presentaron proyectos para evitar que se siga utilizando los bienes públicos para hacer propaganda de políticos y gestiones con nombres de funcionarios políticos. Ya son tres los proyectos planteados este año en la Legislatura y uno en el Concejo capitalino.
La decisión de la intendenta de La Matanza, en Buenos Aires, Verónica Magario (Frente para la Victoria) de estampar su nombre en patrulleros de la Policía Municipal reavivó la polémica por la habitual práctica de autoridades y dirigentes de “firmar” bienes del estado. El escándalo nacional repercutió en San Miguel de Tucumán.
Los concejales Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana) presentaron una iniciativa que pretende prohibir en la ciudad la propaganda personal o partidaria sobre bienes muebles o inmuebles adquiridos con dinero público. “En nuestra provincia es común observar la práctica en municipios. No consideramos que sea éticamente correcto utilizar recursos públicos para promocionar figuras políticas”, indicaron los republicanos en la iniciativa que, de ser aprobada, sólo regiría en la capital.
El intendente Germán Alfaro (Acuerdo para el Bicentenario-Cambiemos) opinó sobre el proyecto. “No hay ningún tipo de problema (en que se concrete). Quienes gobernamos somos circunstanciales en los cargos, porque dentro de tres años habrá otro intendente. Es una medida que hace a la democracia, al sistema republicano y a entender lo que es el Estado”, afirmó.
En la Legislatura son tres los proyectos de ley que tienen el mismo objetivo. “Es una costumbre ver que, tanto sea en inmuebles como en rodados, en los carteles de obras públicas y en las instalaciones municipales se exalte la figura del intendente o delegado comunal que administra (los recursos), olvidando que todos esos bienes son propiedad del Estado, ya sea provincial, municipal o comunal, por consiguiente de toda la comunidad”, plantearon Stella Maris Córdoba (bloque Peronismo del Bicentenario) y otros opositores.
Luis González (bloque Arturo Illia) también impulsó la prohibición de esa clase de propaganda. “El uso de los recursos estatales para la difusión de imágenes partidarias y personales es sólo una de las formas que utilizan quienes están en el poder para tener una ventaja en la competencia electoral”, indicó el radical.
Esta semana, Luis Brodersen (PRO-A) propuso una iniciativa en ese sentido. “La contraparte de la cultura de la transparencia y la ética es la cultura de la corrupción de los servidores públicos, este mal añejo que atañe a los gobiernos y hemos padecido la ciudadanía. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es que quienes delinquen tengan la idea de que no hacen nada malo”, afirmó el macrista.
