La Cámara de Casación Penal confirmó este viernes el decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa Vialidad, por un monto cercano a $685.000 millones, con el objetivo de recuperar el dinero vinculado a los delitos investigados.
La decisión fue tomada por la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, y ratificó lo dispuesto en 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2.
El fallo llega luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena en junio del año pasado, lo que permitió avanzar con la ejecución de las penas. Sin embargo, el decomiso había quedado frenado por una serie de apelaciones de las defensas, que buscaban limitar el alcance de la medida.
Los abogados de los condenados argumentaron que no todos los bienes tenían una relación directa con el delito, e intentaron excluir propiedades, como inmuebles y terrenos en Santa Cruz. Pero la mayoría del tribunal rechazó esos planteos.
El juez Hornos sostuvo que el decomiso debe ser una recuperación real del dinero obtenido ilegalmente, y no una simple declaración. En la misma línea votó Barroetaveña, mientras que Borinsky propuso una postura parcial distinta, sugiriendo excluir algunos bienes heredados por los hijos de la exmandataria.
La medida también alcanza a los bienes de Lázaro Báez y de sus empresas, señaladas como parte del esquema de direccionamiento de la obra pública.
Con esta resolución, la Justicia avanza en uno de los puntos clave que quedaban pendientes en la causa: asegurar que los condenados respondan económicamente por el daño causado, en un proceso que sigue generando fuerte impacto político y judicial en el país.
