El Gobierno argentino, en conjunto con la Justicia, está realizando una auditoría en los planes sociales para determinar posibles situaciones de asistencia estatal indebida. Tras la reciente baja de miles de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, se ha decidido continuar con la revisión de casos, sumando la suspensión de otros planes sociales por detectarse “irregularidades”.
En el marco de esta auditoría, se descubrieron casos que no cumplen con los requisitos establecidos, lo que llevó a la resolución de suspender esos beneficios. Esta medida sigue a la revelación del fiscal Guillermo Marijuan sobre casos de beneficiarios que realizaron viajes al exterior y poseían bienes de lujo, lo que generó una revisión más exhaustiva de los programas sociales.
La semana pasada, se había dado a conocer que el Ministerio de Capital Humano retiró a miles de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Ahora, con la continuidad de los análisis, se suman otros programas sociales a la suspensión debido a inconsistencias. La medida fue tomada con urgencia desde el Ministerio para dar de baja beneficios que no deberían percibirse.
La ministra de Desarrollo Humano, Mónica Becerra, anunció que se llevará a cabo una investigación para identificar a aquellas personas que continuaron recibiendo el beneficio después del fallecimiento de los titulares, considerándolo un acto de estafa.
La provincia de San Luis será la primera en implementar las suspensiones, afectando a 252 personas cuyos beneficios fueron otorgados a individuos que ya no residían en la provincia o que habían fallecido, cobrados por sus familiares.
El proceso de auditoría incluyó un censo entre los beneficiarios de varios programas, arrojando que 38,551 beneficiarios completaron la consulta de manera presencial y 1,723 lo hicieron de forma online. Este relevamiento se aplicó a programas como Plan de Inclusión Social, Becas 22 AG, Plan Solidaridad, entre otros.
