A lo largo del año, en Tucumán ocurrieron 70 asesinatos, y 20 de ellos sucedieron durante robos, lo que llamamos “crímenes por inseguridad”. Esto significa que 11 personas acusadas de cometer delitos de robo fueron asesinadas por sus víctimas, casi tres veces más que el año anterior.
Estos incidentes se conocen como “justicia por mano propia” y superan en más del 50% a los asesinatos en medio de robos, que hasta ahora han sido siete. Además, debemos contar dos tucumanos que perdieron la vida en tiroteos relacionados con situaciones de inseguridad. Cada uno de estos casos tiene historias detrás que generan controversia.
Las edades de las personas fallecidas a manos de aquellos a quienes intentaron robar oscilan entre los 19 y los 35 años. La mayoría de ellos tenían problemas de adicción, y los padres de más de la mitad buscaron ayuda durante años para tratar la adicción de sus hijos, pero no obtuvieron respuesta.
La llamada “justicia por mano propia” no puede ser tolerada y debe ser castigada por la ley, según el penalista Víctor Padilla. Estamos viendo un aumento en el uso de armas por parte de los tucumanos para defenderse, lo que algunos atribuyen a la falta de protección por parte de las autoridades.
Siete de las 11 personas fallecidas murieron a causa de disparos, lo que muestra que más personas están dispuestas a usar armas, legales o ilegales, para defenderse. Algunos argumentan que los políticos han abandonado a la gente y que la inseguridad es un problema creciente en Tucumán.
Las cifras revelan una selección en el procesamiento de personas por delitos cometidos con armas de fuego, y esto preocupa a los abogados. Los casos en los que los responsables son miembros de las fuerzas de seguridad tienden a ser considerados legítima defensa, lo que complica el proceso legal.
En las estadísticas, se observa que todos los casos ocurrieron fuera de las áreas más céntricas, lo que refleja un problema social. La gente está cansada de la delincuencia y busca protegerse por sí misma.
De los 11 casos, solo cuatro tienen procesos judiciales abiertos, lo que muestra la complejidad de estos incidentes. Las personas que se enfrentaron a los presuntos delincuentes argumentaron haber actuado en defensa propia, pero la justicia debe decidir si estas alegaciones son válidas o no.
